Ley de acceso a la información pública
El 29 de septiembre, un día después del Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información que se celebra en todo el mundo cada 28 de septiembre, el Gobierno Nacional promulgó la Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública que obliga al Estado a brindar los datos que solicite cualquier ciudadano en un plazo de 15 días.
La misma busca garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. El Derecho de Acceso a la Información Pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados.
Entre los sujetos obligados a brindarla se encuentran: la administración pública nacional (tanto la administración central como los organismos descentralizados), el Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, las empresas y sociedades del Estado, ente otros.
Por su parte, la norma enumera los supuestos de excepción en los cuales los sujetos obligados podrán exceptuarse de proveer la información requerida, entre los que se encuentran la posibilidad de que exista información expresamente clasificada, se ponga en riesgo el correcto funcionamiento del sistema financiero, información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial, información protegida por el secreto profesional, etc.
Asimismo la ley establece los trámites, plazos y formas en las que la información deberá ser solicitada así como también las denegaciones que pudieran surgir y las correspondientes vías de reclamo. También dispone la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover medidas de transparencia activa. La que funcionará como ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
La importancia de la nueva Ley radica en que otorga una enorme fuerza vinculante al control que las personas pueden ejercer sobre los actos y omisiones del Estado, dejando exceptuados de dicho control solo un pequeño grupo de asuntos determinados y específicos. Fuera de dichos supuestos todo lo demás puede ser requerido, configurándose así un efectivo control sobre la administración.
De aquí en más el secreto no será la regla sino la excepción. Dicha afirmación, por más simple y obvia que parezca, ha sido fruto de una constante y permanente evolución jurídica y social. Se trata, entonces, de una nueva herramienta con la que cuenta el ciudadano para ejercer su derecho de contralor sobre los actos de gobierno.